Seguridad de los usuarios de medios de pago

Uno de los objetivos de la actual ley de servicios de pago, es intentar mejorar la seguridad de los usuarios en la utilización de los medios de pago. Las entidades financieras son ahora las únicas responsables de garantizar que las tarjetas de crédito o débito, sus claves de acceso, las coordenadas para operar por Internet y cualquier otro elemento de seguridad sólo sean accesibles para el titular. Eso conlleva que deben soportar los riesgos derivados del envío de las tarjetas, los PIN o las claves de acceso a Internet.

Ya no se podrán enviar tarjetas de crédito no solicitadas por los usuarios. Esta práctica que hasta ahora se realizaba con cierta asiduidad, está absolutamente prohibida con la entrada en vigor de la nueva Ley.

Las entidades deben procurarse los medios adecuados y gratuitos para comunicar la pérdida, robo o uso indebido de la tarjeta de crédito o débito. Además están obligados a mantener registros que demuestren que se ha efectuado esa comunicación o denuncia durante al menos 18 meses. El usuario dispone de un plazo máximo de 13 meses para denunciar al banco una operación no autorizada.

Corresponde al proveedor de los servicios de pago demostrar que una determinada orden de pago se realizó de forma correcta y autorizada por el cliente, y no serán suficientes para demostrarlo los libros de registro del proveedor de pagos. Esto implica, por ejemplo, que cuando se realice un pago con tarjeta que el titular indique que no lo ha autorizado, será el banco quien debe obtener los elementos de prueba correspondientes a dicha operación y no el cliente quien deba demostrar que no autorizó la operación.

La responsabilidad del usuario de una tarjeta de crédito o de débito por su uso fraudulento (en caso de robo o pérdida de la tarjeta) se limita a 150 euros. Hasta ahora ese límite era una recomendación de la Unión Europea, por lo que era potestad de las entidades incluirlo en sus contratos o no. Ese límite de 150 euros se aplica también a las operaciones realizadas con libretas en los cajeros. Por supuesto esa responsabilidad es nula a partir del momento en que el usuario ha comunicado la pérdida o robo de la tarjeta. Tampoco asumirá el cliente ese importe si la entidad financiera no hubiera dispuesto de los medios adecuados para poder comunicarles el robo o extravío. Todo ello, claro está, siempre que el usuario no actúe de manera dudosa o fraudulenta.