Medidas de seguridad de la Ley de Servicios de pago

seguridad-medios-de-pagoLa nueva normativa ha realizado un importante esfuerzo para intentar mejorar la seguridad de los usuarios en la utilización de los medios de pago. Las entidades financieras son ahora las únicas responsables de garantizar que las tarjetas de crédito o débito, sus claves de acceso, las coordenadas para operar por Internet y cualquier otro elemento de seguridad sean accesibles únicamente para el titular. La consecuencia es que deben soportar los riesgos derivados del envío de las tarjetas, los PIN o las claves de acceso a Internet.

Con la entrada en vigor de la ley de Servicios de pago queda terminantemente prohibido el envío de tarjetas de crédito no solicitadas por los usuarios, poniendo fin a una práctica que hasta ahora se realizaba con cierta asiduidad.

Las entidades deben habilitar los medios suficientes, adecuados y gratuitos para que los usuarios puedan comunicar la pérdida, robo o uso indebido de la tarjeta de crédito o débito. Además están obligados a mantener registros durante al menos 18 meses que demuestren que se efectuó la denuncia a la entidad. El usuario dispone en virtud de la nueva Ley, de un plazo máximo de 13 meses para denunciar al banco una operación no autorizada.

Corresponde al proveedor de los servicios de pago demostrar que una determinada orden de pago se realizó de forma correcta y autorizada por el cliente, y no serán suficientes para demostrarlo los libros de registro del proveedor de pagos. Esto implica, por ejemplo, que cuando se realice un pago con tarjeta de crédito que el titular indique que no ha hecho, será el banco quien debe obtener todos los elementos de prueba correspondientes a dicha operación y no el cliente quien deba demostrar que no autorizó la operación.

La responsabilidad del usuario de una tarjeta de crédito o de débito por su uso fraudulento, es decir, en caso de robo o pérdida, queda limitada a 150 euros. Hasta ahora ese límite era una simple recomendación de la Unión Europea, siendo potestativo para los bancos y cajas incluirlo en sus contratos. Ese límite de 150 euros es igualmente aplicable a las operaciones realizadas con libretas en los cajeros. Evidentemente la responsabilidad es nula desde el mismo momento en que el cliente ha comunicado la pérdida o robo de la tarjeta. Tampoco asumirá el cliente ese importe si la entidad financiera no hubiera habilitado los mecanismos apropiados para poder comunicarles el robo o extravío. Todo ello, claro está, siempre que el usuario no actúe de manera dolosa o fraudulenta.