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El uso extendido de la tarjeta de crédito como medio de pago hace que debamos tomar una serie de precauciones y seguir unas mínimas normas de seguridad para no llevarnos sorpresas desagradables. Los bancos o cajas, cuando nos envían la tarjeta de crédito son responsables de que recibamos la tarjeta de crédito y el PIN correctamente. Lo habitual es que nos la hagan llegar por correo a nuestro domicilio. No debemos en ningún caso utilizar la tarjeta si el sobre en el que la envían está roto o tiene raspaduras. Si tenemos la más mínima duda de que se haya manipulado el sobre para averiguar su contenido, nos pondremos inmediatamente en contacto con nuestro banco para indicarles lo sucedido y solicitarles que nos envíen otra.

Una vez que hayamos recibido nuestra tajeta de crédito, la firmaremos por detrás y memorizaremos el PIN. Bajo ningún concepto lo llevaremos anotado, ni en la agenda, ni en la cartera ni en el movil. Si tenemos la posibilidad de cambiar el PIN, es totalmente desaconsejable que dicho número lo compongan datos personales que puedan ser fácilmente averiguables, tales como una parte del número de teléfono o del DNI, fechas de cumpleaños o aniversarios, y similares.

Cuando vayamos a extraer dinero de un cajero, revisaremos el terminal, y si tenemos la sospecha de que tiene elementos superpuestos, o manipulados, evitaremos utilizarlo y avisaremos inmediatamente a la entidad propietaria del cajero. Recordemos que muchas organizaciones criminales colocan en la entrada de la tarjeta de crédito, un lector con el que pueden duplicar la banda magnética de la tarjeta. Si creemos que el cajero es seguro, evitaremos ser observados a la hora de teclear el PIN y realizar nuestra operación.

Si utilizamos la tarjeta de crédito para realizar una compra o pagar algún servicio, intentaremos, en la medida de lo posible, no perder de vista la tarjeta, y controlar que nos la devuelven. Debemos conservar el justificante de pago (y los resguardos del cajero por haber dispuesto efectivo), y cotejarlos todos con el extracto mensual de los movimientos de la tarjeta que nos mande el banco.

En caso de robo, pérdida o extravío de la tarjeta, hay que denunciar el hecho inmediatamente, para evitar que nos imputen el uso fraudulento de la tarjeta por parte de un tercero.

Aunque lo habitual es que los bancos y cajas nos envíen una nueva tarjeta de crédito cuando está próxima a caducar la que estemos utilizando, es conveniente tener en cuenta cuándo vence, sobre todo si vamos a hacer un viaje, para que no nos encontremos con sorpresas desagradables, porque la tarjeta haya cadudado y no nos haya llegado la renovación. Cuando nos llegue la tarjeta nueva, debemos destruir con unas tijeras la tarjeta caducada.

Otras búsquedas:

La tarjeta revolving permite devolver la cantidad dispuesta a través de una cuota fija mensual. A medida que vamos pagando, lógicamente incrementamos de nuevo el límite disponible del crédito de la tarjeta. Suelen ser tarjetas gratuitas, pero el tipo de interés que se aplica a la deuda es bastante superior al que se aplicaría si se tratase de un préstamo o al que llevan aparejadas las tarjetas de crédito en su modalidad de pago aplazado.

Las entidades financieras suelen ofrecer la tarjeta revolving a aquellos clientes que usan de manera continua la tarjeta de crédito utilizando todos los meses más del 25% del disponible de la tarjeta.

Para incentivar el uso de las tarjetas revolving, las entidades bancarias suelen ofrecer la devolución de un porcentaje de las compras realizadas con la tarjeta en algunas grandes superficies, y que no suele ser más de un 3 %. Son tarjetas que no admiten el pago al contado como las tarjetas de débito, sino únicamente pago aplazado a través de las cuotas mensuales cuyo importe suele elegir el cliente. Si la deuda es superior a esta cuota mensual el exceso se convierte en un préstamo a unos tipos de interés muy elevados. Para intentar acelerar el pago de la deuda contraída, el cliente puede optar por incrementar el importe de la cuota fija mensual y así disminuir el capital pendiente.

El uso de las tarjetas revolving está consolidado en Estados Unidos y Latinoamérica, y lleva ya unos años comercializándose en España, donde están alcanzando relativa popularidad, porque hay que conocer a fondo su funcionamiento para que sea una tarjeta de crédito rentable.  Por eso quizás su uso no está todavía demasiado extendido.

A la hora de contratar una tarjeta revolving hay que tener en cuenta, tal y como destaca ADICAE, que debemos leer detenidamente el contrato antes de firmarlo, que podemos rescindir el contrato en cualquier momento, y que en época de rebajas debemos informarnos sobre si las condiciones de uso de la tarjeta revolving varían. Es fundamental notificar a la entidad emisora de la tarjeta cualquier modificación en nuestros datos de contacto (teléfono, domicilio, etc). Por otro lado debemos exigir que cualquier modificación en las comisiones o tipo de interés de las tarjetas revolving nos sea comunicado inmediatamente.

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El pago aplazado en las tarjetas de crédito tiene dos modalidades, o bien un pago aplazado por cuota, en el que elegiremos una cuota fija mensual, que suele tener un mínimo en cuanto a su importe; o bien un pago aplazado por porcentaje. En este último caso, lo que pagamos es un porcentaje fijo al mes sobre el saldo total que hemos aplazado (que suele ser el importe del crédito del que hemos dispuesto).

La modalidad estrella de las tarjetas de crédito con pago aplazado es la tarjeta revolving, que únicamente admite como forma de pago el pago aplazado, y que a medida que se pagan las cuotas se vuelve a incrementar el límite de la tarjeta.

Hay que tener en cuenta que la modalidad de pago aplazado en las tarjetas de crédito en cualquiera de sus variantes lleva aparejada la aplicación de un tipo de interés que suele rondar el 12% anual, bastante más alto que el de cualquier préstamo personal.

A no ser que nos resulte imprescindible, evitaremos el uso de esta modalidad de tarjetas. En caso de que hayamos dispuesto el total de la tarjeta de crédito y no podamos afrontar el pago de la misma, es más rentable solicitar un préstamo personal para saldar la deuda de la tarjeta de crédito.

Otras búsquedas:

Además los ingresos en efectivo tendrán fecha valor del mismo día de su recepción y estarán disponibles para el beneficiario de manera inmediata.

En cuanto a las transferencias, se abonarán en la cuenta, como muy tarde,  al final del día hábil siguiente en que la entidad financiera beneficiaria haya recibido el dinero, y con disponibilidad inmediata para el cliente a partir de ese momento, si bien la Ley de Servicios de pago establece un régimen transitorio, según el cual, hasta el 1 de Enero de 2012 para las transferencias emitidas y abonadas en España, el dinero estará disponible para el beneficiario, como máximo, en dos días hábiles. Y un día más en operaciones realizadas en el ámbito de la Unión Europea.

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Requisitos.

A cambio de la ampliación en el plazo, la ley de servicios de pago establece una serie de condiciones para poder solicitar la devolución. Antes no había que cumplir ningún requisito. A partir de la entrada en vigor de la Ley de Servicios de Pago de 2009 sólo se podrá devolver el recibo cuando en la autorización no se especifique el importe exacto de la operación de pago y cuando el importe del pago supera el que el ordenante podía esperar, teniendo en cuenta sus anteriores pautas de gasto, las condiciones del contrato principal y las circunstancias pertinentes al caso.

Por ejemplo, si tenemos domiciliado el recibo del agua y habitualmente se carga por importe de 30 euros y de pronto se cargan 100.

Por todo esto es recomendable indicar un importe límite al autorizar operaciones ocasionales, siempre que sea posible.

En caso de que tengamos cargada en nuestra cuenta una operación de pago no autorizada, debemos comunicarlo a la mayor brevedad posible para que la entidad pueda proceder de forma inmediata a gestionar el reembolso del importe indebidamente cargado.

Desde el punto de vista del emisor del recibo, hay que verificar que se dispone de la autorización del ordenante para las domiciliaciones que ceda para su cobro porque si la operación no estuviera autorizada, éste puede devolverla hasta en 13 meses.

Sólo se podrá devolver sin cumplir ningún requisito siempre y cuando esté expresamente pactado en el contrato. Si el cliente niega haber autorizado una operación de pago ya cobrada, le corresponde al emisor la carga de la prueba.

Otras búsquedas:

Es una alternativa muy cómoda para hacer frente a pagos periódicos como los derivados de los suministros del hogar, las mensualidades de colegios, primas de seguros, etc. El titular, también llamado ordenante, permite que el emisor del recibo lo cobre adeudándolo en la cuenta que el cliente haya facilitado. En otras ocasiones el titular ordena al banco que le domicilie determinados pagos. Es además un reclamo cada vez más utilizado por los bancos a la hora de convencernos para domiciliar nuestra nómina, consistente en ofrecerse a cambiar en nuestro nombre la domiciliación de todos los recibos que tengamos con otra entidad.

La Ley de Servicios de Pago obliga a que el consumidor dé al emisor autorización expresa, por ejemplo, por escrito, para aceptar los pagos domiciliados. La ley es tan permisiva en este aspecto que permite incluso que dicha autorización se dé una vez cargado el primer recibo si así se ha pactado expresamente en el contrato. También permite fijar límites de importe al autorizar las operaciones.

Esta autorización prevista en la Ley de Servicios de Pago de 2009 no es necesaria para las domiciliaciones que ya están cursadas, dándose por otorgada dicha autorización.

El ordenante puede revocar el consentimiento en cualquier momento. Si la autorización se dio para una serie de pagos, toda futura operación de pago que en principio estaba cubierta por esa autorización se considerará no autorizada.

Otras búsquedas:

Según la vigente Ley de Servicios de Pago, el límite del recargo no podrá superar de ninguna manera los gastos en los que incurre el comerciante por aceptar la tarjeta de crédito como medio de pago en su establecimiento.

Para evitar abusos, la nueva Ley de Servicios de pago reconoce a la vez la competencia del Gobierno para limitar o prohibir este recargo en operaciones realizadas con tarjetas de crédito u otros medios si fuera necesario para impulsar la competencia y promover el uso de medios de pago más eficaces, como es la propia tarjeta de crédito o débito.

Otras búsquedas:

• Fondos: se refiere al dinero, ya sea en billetes o monedas, como al dinero electrónico.
• Operación de pago: es la acción de colocar, transferir o retirar fondos.
• Cuenta de pago: es la cuenta que está a nombre de uno o varios titulares que se utiliza como soporte de las operaciones de pago.
• Ordenante: es la persona que autoriza que una operación de pago se cargue en la cuenta de la que es titular. Es indiferente que sea física o jurídica.
• Beneficiario: se trata de la persona, física o jurídica que recibe los fondos de una operación de pago en la cuenta en la que es titular. En el caso de los recibos, es el emisor.
• Adeudo domiciliado: se trata de la operación de pago iniciada por el beneficiario (emisor del recibo) y destinada a efectuar un cargo en la cuenta del ordenante, con su consentimiento.
• Identificador único: es una combinación de letras, números o signos, asignados por una entidad financiera a su cliente, con el fin de que éste se identifique de forma inequívoca en una operación de pago. Así, para las transferencias y los adeudos domiciliados, el identificador es el CCC (Código de Cuenta de Cliente) o el IBAN (International Bank Account Number), y para los pagos con tarjeta de crédito o débito el PAN (Personal Account Number) que es el código que figura grabado en el anverso de la tarjeta.

Otras búsquedas:

Con la entrada en vigor de la ley de Servicios de pago queda terminantemente prohibido el envío de tarjetas de crédito no solicitadas por los usuarios, poniendo fin a una práctica que hasta ahora se realizaba con cierta asiduidad.

Las entidades deben habilitar los medios suficientes, adecuados y gratuitos para que los usuarios puedan comunicar la pérdida, robo o uso indebido de la tarjeta de crédito o débito. Además están obligados a mantener registros durante al menos 18 meses que demuestren que se efectuó la denuncia a la entidad. El usuario dispone en virtud de la nueva Ley, de un plazo máximo de 13 meses para denunciar al banco una operación no autorizada.

Corresponde al proveedor de los servicios de pago demostrar que una determinada orden de pago se realizó de forma correcta y autorizada por el cliente, y no serán suficientes para demostrarlo los libros de registro del proveedor de pagos. Esto implica, por ejemplo, que cuando se realice un pago con tarjeta de crédito que el titular indique que no ha hecho, será el banco quien debe obtener todos los elementos de prueba correspondientes a dicha operación y no el cliente quien deba demostrar que no autorizó la operación.

La responsabilidad del usuario de una tarjeta de crédito o de débito por su uso fraudulento, es decir, en caso de robo o pérdida, queda limitada a 150 euros. Hasta ahora ese límite era una simple recomendación de la Unión Europea, siendo potestativo para los bancos y cajas incluirlo en sus contratos. Ese límite de 150 euros es igualmente aplicable a las operaciones realizadas con libretas en los cajeros. Evidentemente la responsabilidad es nula desde el mismo momento en que el cliente ha comunicado la pérdida o robo de la tarjeta. Tampoco asumirá el cliente ese importe si la entidad financiera no hubiera habilitado los mecanismos apropiados para poder comunicarles el robo o extravío. Todo ello, claro está, siempre que el usuario no actúe de manera dolosa o fraudulenta.

Otras búsquedas:

Ya no se podrán enviar tarjetas de crédito no solicitadas por los usuarios. Esta práctica que hasta ahora se realizaba con cierta asiduidad, está absolutamente prohibida con la entrada en vigor de la nueva Ley.

Las entidades deben procurarse los medios adecuados y gratuitos para comunicar la pérdida, robo o uso indebido de la tarjeta de crédito o débito. Además están obligados a mantener registros que demuestren que se ha efectuado esa comunicación o denuncia durante al menos 18 meses. El usuario dispone de un plazo máximo de 13 meses para denunciar al banco una operación no autorizada.

Corresponde al proveedor de los servicios de pago demostrar que una determinada orden de pago se realizó de forma correcta y autorizada por el cliente, y no serán suficientes para demostrarlo los libros de registro del proveedor de pagos. Esto implica, por ejemplo, que cuando se realice un pago con tarjeta que el titular indique que no lo ha autorizado, será el banco quien debe obtener los elementos de prueba correspondientes a dicha operación y no el cliente quien deba demostrar que no autorizó la operación.

La responsabilidad del usuario de una tarjeta de crédito o de débito por su uso fraudulento (en caso de robo o pérdida de la tarjeta) se limita a 150 euros. Hasta ahora ese límite era una recomendación de la Unión Europea, por lo que era potestad de las entidades incluirlo en sus contratos o no. Ese límite de 150 euros se aplica también a las operaciones realizadas con libretas en los cajeros. Por supuesto esa responsabilidad es nula a partir del momento en que el usuario ha comunicado la pérdida o robo de la tarjeta. Tampoco asumirá el cliente ese importe si la entidad financiera no hubiera dispuesto de los medios adecuados para poder comunicarles el robo o extravío. Todo ello, claro está, siempre que el usuario no actúe de manera dudosa o fraudulenta.

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