Además los ingresos en efectivo tendrán fecha valor del mismo día de su recepción y estarán disponibles para el beneficiario de manera inmediata.

En cuanto a las transferencias, se abonarán en la cuenta, como muy tarde,  al final del día hábil siguiente en que la entidad financiera beneficiaria haya recibido el dinero, y con disponibilidad inmediata para el cliente a partir de ese momento, si bien la Ley de Servicios de pago establece un régimen transitorio, según el cual, hasta el 1 de Enero de 2012 para las transferencias emitidas y abonadas en España, el dinero estará disponible para el beneficiario, como máximo, en dos días hábiles. Y un día más en operaciones realizadas en el ámbito de la Unión Europea.

Otras búsquedas:

Requisitos.

A cambio de la ampliación en el plazo, la ley de servicios de pago establece una serie de condiciones para poder solicitar la devolución. Antes no había que cumplir ningún requisito. A partir de la entrada en vigor de la Ley de Servicios de Pago de 2009 sólo se podrá devolver el recibo cuando en la autorización no se especifique el importe exacto de la operación de pago y cuando el importe del pago supera el que el ordenante podía esperar, teniendo en cuenta sus anteriores pautas de gasto, las condiciones del contrato principal y las circunstancias pertinentes al caso.

Por ejemplo, si tenemos domiciliado el recibo del agua y habitualmente se carga por importe de 30 euros y de pronto se cargan 100.

Por todo esto es recomendable indicar un importe límite al autorizar operaciones ocasionales, siempre que sea posible.

En caso de que tengamos cargada en nuestra cuenta una operación de pago no autorizada, debemos comunicarlo a la mayor brevedad posible para que la entidad pueda proceder de forma inmediata a gestionar el reembolso del importe indebidamente cargado.

Desde el punto de vista del emisor del recibo, hay que verificar que se dispone de la autorización del ordenante para las domiciliaciones que ceda para su cobro porque si la operación no estuviera autorizada, éste puede devolverla hasta en 13 meses.

Sólo se podrá devolver sin cumplir ningún requisito siempre y cuando esté expresamente pactado en el contrato. Si el cliente niega haber autorizado una operación de pago ya cobrada, le corresponde al emisor la carga de la prueba.

Otras búsquedas:

Es una alternativa muy cómoda para hacer frente a pagos periódicos como los derivados de los suministros del hogar, las mensualidades de colegios, primas de seguros, etc. El titular, también llamado ordenante, permite que el emisor del recibo lo cobre adeudándolo en la cuenta que el cliente haya facilitado. En otras ocasiones el titular ordena al banco que le domicilie determinados pagos. Es además un reclamo cada vez más utilizado por los bancos a la hora de convencernos para domiciliar nuestra nómina, consistente en ofrecerse a cambiar en nuestro nombre la domiciliación de todos los recibos que tengamos con otra entidad.

La Ley de Servicios de Pago obliga a que el consumidor dé al emisor autorización expresa, por ejemplo, por escrito, para aceptar los pagos domiciliados. La ley es tan permisiva en este aspecto que permite incluso que dicha autorización se dé una vez cargado el primer recibo si así se ha pactado expresamente en el contrato. También permite fijar límites de importe al autorizar las operaciones.

Esta autorización prevista en la Ley de Servicios de Pago de 2009 no es necesaria para las domiciliaciones que ya están cursadas, dándose por otorgada dicha autorización.

El ordenante puede revocar el consentimiento en cualquier momento. Si la autorización se dio para una serie de pagos, toda futura operación de pago que en principio estaba cubierta por esa autorización se considerará no autorizada.

Otras búsquedas:

Según la vigente Ley de Servicios de Pago, el límite del recargo no podrá superar de ninguna manera los gastos en los que incurre el comerciante por aceptar la tarjeta de crédito como medio de pago en su establecimiento.

Para evitar abusos, la nueva Ley de Servicios de pago reconoce a la vez la competencia del Gobierno para limitar o prohibir este recargo en operaciones realizadas con tarjetas de crédito u otros medios si fuera necesario para impulsar la competencia y promover el uso de medios de pago más eficaces, como es la propia tarjeta de crédito o débito.

Otras búsquedas:

• Fondos: se refiere al dinero, ya sea en billetes o monedas, como al dinero electrónico.
• Operación de pago: es la acción de colocar, transferir o retirar fondos.
• Cuenta de pago: es la cuenta que está a nombre de uno o varios titulares que se utiliza como soporte de las operaciones de pago.
• Ordenante: es la persona que autoriza que una operación de pago se cargue en la cuenta de la que es titular. Es indiferente que sea física o jurídica.
• Beneficiario: se trata de la persona, física o jurídica que recibe los fondos de una operación de pago en la cuenta en la que es titular. En el caso de los recibos, es el emisor.
• Adeudo domiciliado: se trata de la operación de pago iniciada por el beneficiario (emisor del recibo) y destinada a efectuar un cargo en la cuenta del ordenante, con su consentimiento.
• Identificador único: es una combinación de letras, números o signos, asignados por una entidad financiera a su cliente, con el fin de que éste se identifique de forma inequívoca en una operación de pago. Así, para las transferencias y los adeudos domiciliados, el identificador es el CCC (Código de Cuenta de Cliente) o el IBAN (International Bank Account Number), y para los pagos con tarjeta de crédito o débito el PAN (Personal Account Number) que es el código que figura grabado en el anverso de la tarjeta.

Otras búsquedas:

Con la entrada en vigor de la ley de Servicios de pago queda terminantemente prohibido el envío de tarjetas de crédito no solicitadas por los usuarios, poniendo fin a una práctica que hasta ahora se realizaba con cierta asiduidad.

Las entidades deben habilitar los medios suficientes, adecuados y gratuitos para que los usuarios puedan comunicar la pérdida, robo o uso indebido de la tarjeta de crédito o débito. Además están obligados a mantener registros durante al menos 18 meses que demuestren que se efectuó la denuncia a la entidad. El usuario dispone en virtud de la nueva Ley, de un plazo máximo de 13 meses para denunciar al banco una operación no autorizada.

Corresponde al proveedor de los servicios de pago demostrar que una determinada orden de pago se realizó de forma correcta y autorizada por el cliente, y no serán suficientes para demostrarlo los libros de registro del proveedor de pagos. Esto implica, por ejemplo, que cuando se realice un pago con tarjeta de crédito que el titular indique que no ha hecho, será el banco quien debe obtener todos los elementos de prueba correspondientes a dicha operación y no el cliente quien deba demostrar que no autorizó la operación.

La responsabilidad del usuario de una tarjeta de crédito o de débito por su uso fraudulento, es decir, en caso de robo o pérdida, queda limitada a 150 euros. Hasta ahora ese límite era una simple recomendación de la Unión Europea, siendo potestativo para los bancos y cajas incluirlo en sus contratos. Ese límite de 150 euros es igualmente aplicable a las operaciones realizadas con libretas en los cajeros. Evidentemente la responsabilidad es nula desde el mismo momento en que el cliente ha comunicado la pérdida o robo de la tarjeta. Tampoco asumirá el cliente ese importe si la entidad financiera no hubiera habilitado los mecanismos apropiados para poder comunicarles el robo o extravío. Todo ello, claro está, siempre que el usuario no actúe de manera dolosa o fraudulenta.

Otras búsquedas:

Ya no se podrán enviar tarjetas de crédito no solicitadas por los usuarios. Esta práctica que hasta ahora se realizaba con cierta asiduidad, está absolutamente prohibida con la entrada en vigor de la nueva Ley.

Las entidades deben procurarse los medios adecuados y gratuitos para comunicar la pérdida, robo o uso indebido de la tarjeta de crédito o débito. Además están obligados a mantener registros que demuestren que se ha efectuado esa comunicación o denuncia durante al menos 18 meses. El usuario dispone de un plazo máximo de 13 meses para denunciar al banco una operación no autorizada.

Corresponde al proveedor de los servicios de pago demostrar que una determinada orden de pago se realizó de forma correcta y autorizada por el cliente, y no serán suficientes para demostrarlo los libros de registro del proveedor de pagos. Esto implica, por ejemplo, que cuando se realice un pago con tarjeta que el titular indique que no lo ha autorizado, será el banco quien debe obtener los elementos de prueba correspondientes a dicha operación y no el cliente quien deba demostrar que no autorizó la operación.

La responsabilidad del usuario de una tarjeta de crédito o de débito por su uso fraudulento (en caso de robo o pérdida de la tarjeta) se limita a 150 euros. Hasta ahora ese límite era una recomendación de la Unión Europea, por lo que era potestad de las entidades incluirlo en sus contratos o no. Ese límite de 150 euros se aplica también a las operaciones realizadas con libretas en los cajeros. Por supuesto esa responsabilidad es nula a partir del momento en que el usuario ha comunicado la pérdida o robo de la tarjeta. Tampoco asumirá el cliente ese importe si la entidad financiera no hubiera dispuesto de los medios adecuados para poder comunicarles el robo o extravío. Todo ello, claro está, siempre que el usuario no actúe de manera dudosa o fraudulenta.

Otras búsquedas:

La nueva ley de servicios de pago mejora la seguridad de los usuarios de estos servicios, aunque también plantea algunos inconvenientes.

De cara al usuario, la nueva ley ofrece las siguientes ventajas:

• Consigue unificar toda la legislación bancaria de la Unión europea, y beneficia sobre todo a los que viajan con frecuencia al extranjero, puesto que es posible ya operar con una sola cuenta corriente en todo el ámbito europeo, utilizar las tarjetas de crédito o débito o domiciliar pagos en cualquier país de la Unión.
• Se impone un límite al usuario de 150 euros ante el uso fraudulento derivado de la pérdida o robo de la tarjeta de crédito o débito o de libretas de ahorro.
• Se incrementa el plazo para devolver un recibo con el que  no se esté de acuerdo, pasando de cuatro a ocho.
• La fecha contable de una operación debe ser la misma que la fecha valor. Esto nos evitará por ejemplo, situaciones de descubierto en la cuenta.
• En los ingresos en efectivo y siempre y cuando se trate de consumidores, la fecha valor y la fecha de recepción del dinero debe ser idéntica y, por tanto se podrá disponer de la cantidad ingresada en el acto. Para los no consumidores, se puede pactar que la disposición del dinero se produzca al día siguiente hábil.
• A partir del 1 de Enero de 2012 cualquier orden de pago se abonará como muy tarde al final del día hábil siguiente a darse la orden si ésta fue electrónica, y un día más si la orden se dio en papel.
• Los consumidores disponen, por primera vez, de un marco legal que proteja sus intereses, regulando no sólo los aspectos institucionales de los servicios financieros sino también el régimen contractual y de responsabilidad de las entidades de crédito.

Como principales inconvenientes de la ley, que a su vez se convierten en ventajas para las entidades de pago, tenemos:

• Sólo va a ser posible devolver recibos si en la autorización previa que el usuario dio, no se fija el importe exacto y el cargo es superior al esperado. Probar que el importe cargado es superior al que se estimaba es más que complicado si hablamos de los recibos de suministros, tales como luz, agua, gas, teléfono, etc, en el que los importes varían continuamente de un mes a otro.
• Con la cláusula de gastos compartidos, se pueden soportar comisiones que hasta ahora no existían, puesto que permite compartir los gastos de una transacción, entre ordenante y beneficiario.
• Se contempla la posibilidad de que la comisión que hasta ahora pagaban los comerciantes por el uso de las tarjetas de crédito en su establecimiento, sean repercutidas a los usuarios, por lo que si queremos ahorrarnos la comisión, deberemos llevar efectivo para abonar nuestras compras.
• Al reducir la nueva norma el número de días en que los fondos deben estar disponibles para el beneficiario, pasando de los dos o tres días actuales, al día siguiente, la pérdida que puede suponer para los bancos o cajas esta reducción de los días en que puede rentabilizar por cuenta propia el dinero en tránsito puede propiciar el encarecimiento de los servicios de pago, a fin de compensar dicha pérdida.

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Todas estas entidades deben solicitar, para poder operar como “entidades de pago” autorización especial del Ministerio de Economía y Hacienda, y se inscribirán, antes de iniciar su actividad, en el Registro Especial de Entidades de Pago que se creará en el Banco de España. En este Registro estarán reflejadas también todas sus sucursales o agentes. Será un registro público, accesible a través de Internet, y en el que se harán constar los servicios de pago que puede ofrecer cada entidad.

Quedan bajo la supervisión del Banco de España, con una regulación similar a la de los bancos y las cajas, y tienen prohibido la captación de depósitos de los clientes.

Habilita también para prestar estos servicios a las administraciones públicos y a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.

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La vigente Ley 16/2009, de Servicios de pago, publicada en el BOE el 14 de Noviembre, tiene como objeto armonizar la legislación española con la comunitaria, creando así un marco jurídico común que facilite el funcionamiento del mercado único de los servicios de pago, de manera que los pagos realizados en el ámbito de la Unión Europea se realicen con la misma facilidad, eficiencia y seguridad que los pagos nacionales de los estados miembros. Refuerza la seguridad de los usuarios pero fomenta la aplicación de comisiones por el pago con tarjeta, la domiciliación de recibos y las transferencias.

La Ley se aplica a todos los pagos en euros o en la moneda nacional de los estados miembros que se realicen dentro del espacio de la Unión Europea, sea cual sea su importe. Los servicios de pago que regula la Ley son los siguientes:

-         Transferencias, incluidas las órdenes permanentes.

-         Recibos domiciliados, incluidos los no recurrentes.

-         Operaciones de pago con tarjeta de crédito o de débito.

-         Ingresos y retiradas de efectivo en cuentas y las operaciones de gestión de esa cuenta.

-         Envío de dinero y ejecución de operaciones de pago por Internet u otros dispositivos telemáticos (como por ejemplo, un SMS).

Queda fuera del ámbito de aplicación de la Ley por ejemplo, pagos en efectivo y directamente del ordenante al beneficiario, el transporte físico de moneda o los pagos mediante efectos de comercio de papel (el cheque, la letra de cambio, el pagaré).

A destacar que debe respetarse lo previsto en la Ley 7/1995, de 23 de Marzo, de Créditos al Consumo, en aquellos casos en que un instrumento o servicio de pago incluya la concesión de un crédito de los regulados en dicha norma.

Por otro lado facilitará la aplicación operativa de los nuevos instrumentos de pago del proyecto SEPA (Single Euro Payment Area) que en castellano se conoce también como Zona Única de Pagos en Euros, y que están desarrollando las entidades de crédito a través del Consejo Europeo de Pagos, con el respaldo del Banco Central Europeo y de los bancos centrales nacionales.

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